Autonomía del Banco Central: sin recetas mágicas

Dalibor Eterovic

En las últimas semanas han surgido algunas opiniones a favor de modificar e incluso limitar el grado de independencia con el que opera el Banco Central Chileno. Con el más que probable inicio de la discusión constitucional post referendo en octubre, este no es un debate que debiera sorprender. La institucionalidad con la que opera la autoridad monetaria es una de la más críticas para el funcionamiento del sistema económico.

Hay pocas dudas del éxito que ha alcanzado la política monetaria desde la autonomía del Banco Central. Como nos recuerda el actual presidente del BCCh en una entrevista reciente, “el de la autonomía ha sido un período prolongado de baja inflación… además, se han evitado crisis financieras que fueron muy dolorosas en el pasado”. La evidencia local e internacional lo respalda. Pero el tema es complejo.

La autonomía del Banco Central busca separar las decisiones de política monetaria de las fiscales. Si tiene objetivos claros, la política monetaria se determinaría por factores puramente tecnocráticos mientras que la fiscal por factores predominantemente políticos. Pero esta separación es incompleta. Cada acción de política monetaria tiene consecuencias fiscales, así como decisiones de gasto público tienen efectos sobre precios.

Un ejemplo ayuda a entender este concepto. Cuando la inflación sube sobre niveles deseados, un banco central con meta inflacionaria aumenta las tasas de interés. Esto, a su vez, eleva el costo de la nueva deuda fiscal. Si el Gobierno decide aumentar el gasto público a través de mayor emisión de deuda, la demanda interna puede terminar empujando los precios al alza. Para ser exitosa en controlar la inflación, la independencia del BC debe ser apoyada por las autoridades fiscales. Y para eso se necesita un consenso político básico.

Mientras más simple y claro sea el mandato del Central, más fácil es ponerse de acuerdo y lograr la necesaria coordinación con la política fiscal a través de gobiernos de distintos colores políticos. La actual meta de inflación a un horizonte de dos años y el cuidado de la estabilidad financiera cumplen ese objetivo. Pero hacia adelante hay una serie de elementos que dificultarían la coordinación con la política fiscal. Por una parte, mientras mayor es el nivel de deuda pública, mayores son los efectos fiscales de la política monetaria. Adicionalmente, muchas de las nuevas herramientas que están usando los bancos centrales hacen más borrosa la línea divisoria entre lo monetario y fiscal. Ejemplos son la compra de bonos de gobierno y de bonos corporativos. En estos últimos el aumento en la hoja de balance del banco central incluye riesgo de pérdidas financieras que finalmente podrían requerir apoyo fiscal.

La autonomía de Banco Central, en conjunto con un mandato claro de metas de inflación, es una condición necesaria para el buen desempeño monetario y la estabilidad financiera. Pero no hay recetas mágicas que logren aislar completamente a la política de la estabilidad de precios. Generar consensos amplios para un manejo de política fiscal responsable y coordinado con el Banco Central, que apunte a alcanzar la meta inflacionaria, seguirá siendo de gran importancia.